LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO CONSTRUYEN UN MUNDO DE PAZ: MENSAJE DEL PAPA A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DERECHO DEL DESARROLLO (28/11/2023)
Señora Directora General, señor Presidente, excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores:
He aceptado con mucho gusto la invitación que me ha dirigido la Señora Directora General, en nombre de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO), para dirigirme a la Asamblea de las Partes con motivo del cuadragésimo aniversario de su fundación. Deseo saludar cordialmente a todos ustedes que participan en este significativo encuentro, pidiendo para que sus deliberaciones den frutos que refuercen los lazos entre los pueblos, custodien nuestra casa común y tutelen los derechos de cuantos ven vulnerada su dignidad.
Durante cuatro décadas esta Institución Intergubernamental se ha dedicado a la promoción del estado de derecho con el fin de avanzar hacia la paz y el desarrollo sostenible, alentando iniciativas distintas para hacer que la justicia sea accesible para todos, en particular para las personas más desfavorecidas en la sociedad. La adhesión al principio de igualdad ante la ley, la prevención de la arbitrariedad, el avance de la accountability y la garantía de transparencia, la promoción de una participación justa en el proceso de toma de decisiones, la salvaguarda del principio de seguridad jurídica y el respeto al debido proceso, ambos tanto desde un punto de vista sustantivo como procesal, son todos valores y criterios indispensables que derivan del concepto general de estado de derecho y que, si se implementan, tienen el poder de conducir a la realización de la justicia. Y, es bueno recordarlo, la justicia es la conditio sine qua non para alcanzar la armonía social y la fraternidad universal que hoy tanto necesitamos. Es también la virtud necesaria para la construcción de un mundo en el que los conflictos se resuelvan solamente de forma pacífica, sin que prevalezca el derecho del más fuerte, sino la fuerza del derecho.
Por desgracia, estamos lejos de alcanzar este objetivo. En la compleja y difícil coyuntura que estamos viviendo, marcada por graves crisis interconectadas, se percibe dolorosamente el aumento de los enfrentamientos violentos, de los efectos cada vez más nocivos del cambio climático, de la corrupción y de las desigualdades. Por ello es más urgente que nunca apoyar una justicia centrada en las personas con el fin de fortalecer sociedades pacíficas, justas e inclusivas.
El estado de derecho nunca está sujeto a la más mínima excepción, ni siquiera en tiempos de crisis. La razón es que el estado de derecho está al servicio de la persona humana y pretende proteger su dignidad, y esto no admite excepciones. Es un principio. Sin embargo, no son sólo las crisis las que suscitan amenazas contra las libertades y el estado de derecho en el seno de las democracias. De hecho, se está difundiendo cada vez más una concepción errónea de la persona humana, concepción que debilita su misma protección y abre progresivamente la puerta a graves abusos bajo la apariencia del bien.
En efecto, sólo la ley puede constituir el requisito previo indispensable para el ejercicio de cualquier poder y esto significa que los órganos gubernamentales responsables deben garantizar el respeto del estado de derecho, independientemente de los intereses políticos dominantes. Cuando la ley se fundamenta en valores universales, como el respeto a la persona humana y la protección del bien común, el estado de derecho es fuerte, las personas tienen acceso a la justicia y las sociedades son más estables y prósperas. Por el contrario, sin paz ni justicia, ninguno de los desafíos mencionados anteriormente puede ser resuelto. No olvidemos que «todo está conectado. Por eso se requiere una preocupación por el medio ambiente unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un constante compromiso con respecto a los problemas de la sociedad» (Carta enc. Laudato si’, n. 91).
El estado de derecho puede desempeñar un papel esencial en la solución de las crisis globales, renovando la confianza y la legitimidad de la gobernanza pública, combatiendo las desigualdades, promoviendo el bienestar de las personas, favoreciendo la salvaguarda de sus derechos básicos, fomentando su adecuada participación en la toma de decisiones y facilitando el desarrollo de leyes y políticas que satisfagan sus necesidades reales, contribuyendo así a crear un mundo donde todos los seres humanos sean tratados con dignidad y respeto.
Agradezco a la IDLO por su compromiso para avanzar en la justicia climática y mejorar la gobernanza de la tierra y el uso sostenible de los recursos naturales. También este es camino hacia un mundo más justo y pacífico.
El cambio climático es una cuestión de justicia intergeneracional. La degradación del planeta no solamente impide una convivencia serena y armónica en el presente, sino que compromete también en gran medida el progreso integral de las futuras generaciones. «No hay duda de que el impacto del cambio climático dañará cada vez más la vida de muchas personas y familias. Sentiremos sus efectos en términos de salud, trabajo, acceso a los recursos, vivienda, migraciones forzadas y en otros ámbitos.» (Exhort. ap. Laudate Deum, n. 2). La justicia, los derechos humanos, la equidad y la igualdad están estrechamente entrelazados con las causas y efectos del cambio climático. Aplicando un enfoque de justicia a la acción climática, podemos proporcionar respuestas holísticas, inclusivas y equitativas.
La corrupción erosiona los mismos cimientos de la sociedad. Eliminando recursos y oportunidades a quienes más los necesitan, la corrupción acentúa las desigualdades existentes. Por este motivo es necesario promover campañas de sensibilización que alienten en todos lados una mayor transparencia, responsabilidad e integridad, y que de este modo sienten bases sólidas para la construcción de una sociedad justa y virtuosa. Es en la primera infancia donde se siembran las semillas de la integridad, la honestidad y la conciencia moral, promoviendo una sociedad donde la corrupción no encuentre terreno fértil para echar raíces.
Finalmente, es esencial seguir dando pasos para salir al encuentro de los más pobres, marginados y vulnerables, que a menudo no tienen a nadie que hable en su nombre y se ven descartados y excluidos. Debemos asegurarnos de que nadie quede atrás, especialmente las mujeres, los pueblos indígenas y los jóvenes, que se esfuerzan para que sus propuestas encuentren espacio y voz en el presente, para poder así mirar con confianza hacia el futuro.
Excelencias, estoy seguro de que encuentros como éste sirven para hacer que en nuestros días no dejen de reforzarse sistemas judiciales que preserven la primacía de la dignidad de la persona humana sobre cualquier otro tipo de interés o justificación. En esta noble causa, la Santa Sede – fiel a la palabra de Cristo que dijo: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia; bienaventurados los que trabajan por la paz» (Mt 5, 6.9) – está al lado de cuantos luchan por reforzar el estado de derecho, los derechos humanos y la justicia social, de manera que sus esfuerzos revelen nuevos caminos de esperanza hacia un futuro más solidario, justo y sereno para todas las naciones de la tierra.
Vaticano, 28 de noviembre de 2023
FRANCISCO
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